Alianza Mar Blava ha presentado esta mañana una denuncia en la Fiscalía Provincial de Madrid por el retraso del MAGRAMA en la adopción y publicación de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto de prospecciones petrolíferas de Cairn Energy en el Golfo de Valencia.
Se adjunta el texto íntegro de la denuncia a la Fiscalía. (PDF 0.2MB)
En la denuncia se plantea que el Secretario de Estado de Medio Ambiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), Federico Ramos Armas, y la Directora General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural dependiente de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente del MAGRAMA, Guillermina Yanguas Montero, conociendo sus obligaciones con respecto a la declaración de impacto ambiental (DIA) en el expediente de la «Campaña de adquisición sísmica 3D en los permisos B, G, AM-1 y AM-2 en el Golfo de Valencia» (20120322MIN), las han incumplido de forma consciente.
Los hechos relatados en la denuncia a la Fiscalía pueden ser constitutivos de un delito de prevaricación del artículo 404 del Código Penal al cumplirse los requisitos exigidos por la jurisprudencia del Tribunal Supremo ya que se trata de autoridades públicas en ambos casos conforme al artículo 24 del Código Penal; se ha producido una actuación contraria a Derecho, en concreto al artículo 12 del Real Decreto Legislativo 1/2008; incurriendo en arbitrariedad en su actuación como es el caso de tratar de eludir sus responsabilidades acudiendo a una solicitud de informe genérico, no preceptivo y sin sujeción a plazo para evitar el pronunciamiento en plazo; y con conocimiento claro y expreso que viene constatado por la condición de profesionales de los denunciados y la denuncia realizada de la situación con antelación a este escrito.
La reciente afirmación de la titular del MAGRAMA, Isabel García Tejerina, de que se está a la espera de un informe solicitado al CEDEX para poder ultimar la DIA es, a juicio de la Alianza Mar Blava, una débil coartada oportunista tomada para tratar de justificar la actuación de dichas autoridades ante el denunciado incumplimiento.