El pasado día 14 de octubre el Parlament balear aprobó por unanimidad una Proposición No de Ley (PNL) en la que se insta al Gobierno del Estado a aprobar una ley específica para la declaración del Mediterráneo español como zona libre de prospecciones de hidrocarburos. Además, todos los partidos con representación en el Parlament firmaron un documento de compromiso político.
Esta PNL fue presentada por los Grupos Parlamentarios Socialista, Podem Illes Balears,MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i Mixt (compuesto por diputados de Ciutadans y Gent per Formentera) y apoyada en la votación correspondiente por los restantes grupos parlamentarios de la cámara: el del Partido Popular y de El Pi Proposta per les Illes Balears.
Esta aprobación tiene, además, importantes implicaciones en el marco de los esfuerzos ciudadanos e institucionales que se vienen realizando en los últimos meses –y que no van a cesar- para conseguir que las próximas Cortes Generales aprueben una Ley para la protección del Mediterráneo español frente estos proyectos.
Así, el pasado 2 de septiembre, en el Palacio de Congresos de Ibiza, se formalizó públicamente la adhesión de todos los partidos políticos con representación en el Parlament balear al “Documento de compromiso político para lograr un Mediterráneo español libre de prospecciones de hidrocarburos”, elaborado por la Alianza Mar Blava y presentado junto con los colectivos Eivissa diu No y Eivissa Anti Petrolífera. Además, aquel día se sumaron al citado compromiso otros partidos como Esquerra Unida Eivissa i Formentera, Gent per Eivissa, EPIC, Guanyem Eivissa, Esquerra Republicana Eivissa, Podem Eivissa, PSOE Eivissa i de Formentera, PP Eivissa, PI Eivissa y Reinicia Sant Antoni.
Días después, el 16 de septiembre, en un acto público celebrado en el Club Náutico de Ibiza, se plasmó laadhesión a ese compromiso por parte del Govern balear, con la firma de su presidenta, Francina Armengol, así como del Consell de Ibiza, a través de su presidente, y del Ayuntamiento de Ibiza, mediante la firma de su alcalde. Por otro lado, se han adherido a través de los respectivos acuerdos plenarios los demás Consells insulares y un número creciente de ayuntamientos de las Islas Baleares.
Desde la Alianza Mar Blava creemos que este movimiento es imparable, pues ya se está extendiendo a otras CC.AA. ribereñas y empezando a impregnar a las fuerzas políticas estatales. Se puede afirmar, sin riesgo a equivocarse, que ha cuajado un gran movimiento social que no cesará hasta lograr que el Mediterráneo español se declare por Ley zona libre de prospecciones de hidrocarburos.
No tiene ningún sentido seguir buscando nuevos yacimientos de combustibles fósiles cuando el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) de Naciones Unidas ha dejado bien claro que, si queremos evitar los efectos de un cambio climático a gran escala, deberíamos dejar sin quemar una gran parte de las reservas disponibles de combustibles fósiles, para no disparar las emisiones de CO2 a la atmósfera. En la misma línea, la Agencia Internacional de la Energía ya calculó en 2012 que por lo menos dos terceras partes de esas reservas tendrían que quedarse bajo tierra.
La ciudadanía, afortunadamente, es cada vez más consciente de estas cuestiones. Así, en las conclusiones del sondeo internacional World Wide Views Climate and Energy (promovido por la ONU y por el gobierno francés de cara a la próxima Cumbre de París sobre cambio climático) se muestra que el 69,23% de los españoles aboga por “suspender definitivamente la exploración de todas las reservas de combustibles fósiles”.
Este estado de opinión de la sociedad española ya se ha traducido en algunos hechos concretos. Uno sería el rechazo generalizado a los proyectos de búsqueda de gas con la técnica de fracking, en todas las CC.AA. donde se han presentado proyectos. Otro, las grandes movilizaciones surgidas contra las prospecciones de hidrocarburos en aguas profundas, por un lado en Canarias, contra los sondeos exploratorios de Repsol frente a las costas de Fuerteventura y Lanzarote y, por otro, en Baleares, Valencia y Andalucía contra una serie de proyectos de diversas compañías en el Mediterráneo.
A pesar del anacrónico apoyo del actual Gobierno español a los intereses del sector de los hidrocarburos, esas movilizaciones sociales han logrado cosechar ya algunas victorias significativas. Uno de sus frutos ha sido lograr que la compañía petrolera escocesa Cairn Energy se viera, en abril de 2015, forzada a abandonar sus planes de extraer hidrocarburos en el golfo de Valencia, en un área de gran valor ecológico localizada frente a las costas de Ibiza y Formentera y de la Comunidad de Valencia.
Sin embargo, a pesar de esta y otras buenas noticias, en la demarcación marina levantino-balear hay una serie de proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos que siguen amenazando la economía y el medio ambiente de las CC.AA. ribereñas.
Ante este conjunto de solicitudes de permisos de investigación y de proyectos de prospecciones de hidrocarburos que amenazan las aguas del Mediterráneo resulta obvio que la única medida legal efectiva que permitiría acabar definitivamente con esta amenaza sería la aprobación de una ley que declarara el Mediterráneo español como zona libre de estas actividades. Dado que esta materia cae dentro del ámbito de competencia del Estado, dicha Ley deberá ser aprobada por las Cortes Generales.
Esta ley no se reclama por capricho. Se demanda porque estos proyectos ponen en riesgo el frágil equilibrio ecológico de la zona así como a los sectores económicos que vertebran el territorio de todas las CC.AA. ribereñas de este mar, como son, principalmente, el turismo y la pesca.
El Mediterráneo es un mar cerrado. En caso de un accidente en una plataforma petrolífera o en el transporte de hidrocarburos, las abundantes corrientes, profundas y superficiales, propias de este mar, trasladaría la contaminación con facilidad de una zona a otra, multiplicando sus efectos negativos sobre sus ricos ecosistemas y su variada y notable fauna y flora. Muchas de las especies que habitan estos ecosistemas están protegidas por un amplio abanico de legislación autonómica, estatal, europea e internacional.
A medida que aumenta el conocimiento científico del Mediterráneo (gracias a proyectos como el LIFE+INDEMARES, puesto en marcha en 2009 por el Ministerio de Medio Ambiente y cofinanciado por la Comisión Europea), más se evidencia su extraordinaria importancia medioambiental, y más se ratifica la necesidad de incrementar su protección. Esa protección es urgente pues los proyectos de prospecciones que se están tramitando se llevarían a cabo coincidiendo espacialmente con zonas protegidas o en vías de protección.
Además de la amenaza a los valores ecológicos, hay que tener muy en cuenta la afección muy negativa que estos proyectos tendrían sobre la economía de los territorios que se ven afectados. Las Islas Baleares así como las demás CC.AA. ribereñas del Mediterráneo son zonas eminentemente turísticas, siendo el turismo su principal industria y por tanto el eje central de su economía. En el caso de Baleares, por ejemplo, significa más del 70% de su producto interior bruto.
