Un sondeo en las Baleares pone en alerta a los ecologistas, que no se fían de su objetivo investigador. Un documento demuestra relación con la industria de los hidrocarburos
La industria de los hidrocarburos lleva años intentando obtener autorización para hacer prospecciones en las aguas que rodean a las islas Baleares. El método que emplea, la adquisición sísmica —una especie de ecografía del subsuelo marino que se obtiene lanzando disparos con cañones de aire comprimido—, es muy controvertido por ser perjudicial para los cetáceos y otros animales sensibles al ruido que genera. Algunas empresas han renunciado antes de hacerse pública la decisión porque sabían que iba a ser negativa. Otras aún aguardan los dilatados trámites administrativos: solo así pueden conocer si bajo las aguas del Mediterráneo se esconden bolsas de gas o petróleo que merezca la pena extraer.
Un nuevo proyecto ha llamado la atención de los ecologistas. A finales de abril un instituto oceanográfico público de Italia presentó el “proyecto MEDSALT-2 de investigación científico-marina en zonas sometidas a la jurisdicción española”. Consiste en recorrer durante nueve días el área comprendida entre las islas de Ibiza y Mallorca y al sureste de Ibiza y Formentera con un buque equipado con cañones de aire comprimido.
El Parlamento Balear no tardó en pronunciarse. A finales de mayo aprobó por unanimidad “instar al Gobierno balear a rechazar el proyecto por sus consecuencias en el entorno y en la fauna marina”. Tanto la Alianza Mar Blava, que lucha contra las prospecciones en el Mediterráneo, como Greenpeace recelan del objetivo puramente científico del proyecto, que llegó de manos del Ministerio de Exteriores pero que ahora analiza el de Medio Ambiente para decidir si le concede la autorización.
“MEDSALT-2 no tiene ninguna finalidad, ni relación, con actividad de búsqueda de recursos naturales o hidrocarburos”, asegura el informe ambiental presentado por el promotor.
Sin embargo, otro documento demuestra que el proyecto sí tiene relación, o la tendrá, con la industria de los hidrocarburos. Uno de sus objetivos es “proporcionar datos a los socios (por ejemplo, empresas privadas de exploración sísmica, petróleo y gas)”, asegura un “memorando de entendimiento” firmado en Bruselas el 30 de octubre pasado al que ha tenido acceso EL PAÍS. En este documento de 15 páginas la agencia científica europea COST describe el proyecto MEDSALT y señala que el memorando entrará en vigor cuando al menos cinco países miembros lo firmen. España confirmó su participación en enero pasado; hay 18 países más.
“Esta acción COST se compone de numerosos científicos de universidades, instituciones de investigación, estudios geológicos y compañías privadas”, señala el texto. El “riesgo” del proyecto consiste en “la fluctuación en el precio del petróleo y del gas, que podría disuadir a las compañías de embarcarse en una exploración costosa, y la aceptación del público”, asegura en otro punto. Hay más referencias al interés de la industria, ya que, dice, las empresas de hidrocarburos están entre “los usuarios finales” de la investigación: “Siete compañías de petróleo y gas y de servicios activas en el Mediterráneo han expresado por escrito su interés en esta acción”, precisa el documento.
El director del proyecto, el geólogo y profesor Angelo Camerlenghi, asegura que no tienen otro objetivo que el científico, en concreto comprender cómo se depositó la capa de sal del Mediterráneo formada hace entre cinco y seis millones de años. “No hay ningún objetivo de búsqueda de hidrocarburos”, insiste, y añade que tienen financiación pública, del instituto OGS (Oceanografía y Geofísica Experimental) de Trieste, donde trabaja. “La sal, con su movilidad, es una fuente de peligrosidad geológica”, explica acerca de la importancia del proyecto.
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“La prospección sísmica sirve para mucho más que para encontrar gas o petróleo. La normativa española es de las más exigentes del mundo a la hora de permitirlos y los proyectos solicitados cumplen con ella”, asegura Daniel García-Castellanos, científico del CSIC que también participa en el proyecto. “No tiene ningún interés relacionado con la prospección de hidrocarburos, sino todo lo contrario: el objetivo es comprobar que la futura perforación científica no ofrece ningún riesgo de encontrar tales hidrocarburos, pues pondrían en peligro el costoso sistema y el barco de perforación”, añade.
Los científicos, asegura, se ven obligados a prometer futuras aplicaciones para el sector privado. ¿Sus datos ayudarán a explotar más el Mediterráneo o a protegerlo mejor? “No lo sabemos y no es nuestro trabajo; nuestro trabajo es aumentar el conocimiento en este campo”, concluye.
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Carlos Bravo, portavoz de la Alianza Mar Blava, no duda de ese fin puramente científico, pero afirma: “Es de sobra conocido el interés de la industria petrolera por estas formaciones geológicas salinas, por existir en ellas la posibilidad de encontrar bolsas de hidrocarburos. Es evidente que el proyecto es una antesala del sector petrolero. Ya tendrán hechos los sondeos que de momento ellos no han podido hacer”. «Las petroleras buscan nuevas fórmulas para lograr sus propósitos, que son realizar prospecciones donde sea, esta vez camufladas como investigación científica«, coincide Julio Barea, de Greenpeace.
Camerlenghi, que conoce la votación del Parlamento balear, lamenta que la cuestión haya pasado del plano científico-técnico al político. “Si no se puede hacer investigación en geofísica marina en España habrá consecuencias graves: estas técnicas permiten el estudio de fallas, orígenes de terremotos, deslizamientos submarinos que provocan tsunamis… Es un conocimiento que debe beneficiar a la sociedad”, argumenta.
«Si se pudiera evitar hacer nuevas campañas de adquisición sísmica, se evitaría«, dice Roger Urgelés, científico español del Institut de Ciències del Mar (CSIC) que también participa en el proyecto. «Pero es necesario para conocer la estructura del subsuelo«, añade. «Puede que la industria petrolera tenga interés en los resultados, pero desde luego no está detrás y no pone dinero. Si luego alguien toma los datos para otra cosa, no digo que no«, concluye.
El 29 de julio el Ministerio de Medio Ambiente firmó la resolución que decidirá si el proyecto necesita solo una evaluación ambiental simple o la compleja, que retrasaría meses la tramitación. A preguntas de este diario, se negó a decir qué decisión ha tomado. Se debería publicar en el BOE en cuestión de días.
