La Consejería de Territorio, Energía y Movilidad del Gobierno balear ha anunciado públicamente de forma reciente las líneas generales del Anteproyecto de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética que está preparando.
Por lo que hemos podido conocer se trata de una ley con objetivos muy ambiciosos de cara a la reducción de emisiones de CO2 y la descarbonización del sistema energético balear, actualmente inmensamente dependiente de los combustibles fósiles.
Los objetivos generales de esta ley son la mitigación de las causas del cambio climático y la adaptación de la economía, la sociedad y los ecosistemas a los impactos que éste provocará. Para ello, se pretende avanzar hacia la soberanía energética mediante el abandono progresivo de los combustibles fósiles y el incremento de la eficiencia energética (un 20% para 2030 y un 40% para 2050) y de la generación eléctrica con energías renovables (que supondrían el 35% en 2030 y el 100% en 2050), hacer una gestión inteligente de la demanda de energía, impulsar su democratización y, por supuesto, dar cumplimiento al Acuerdo de París.
Los objetivos generales de esta ley son la mitigación de las causas del cambio climático y la adaptación de la economía, la sociedad y los ecosistemas a los impactos que éste provocará.
Todas las medidas previstas en la citada ley, permitirán, según lo anunciado por el Gobierno balear, una reducción de las emisiones de CO2 del 40% en 2030 y de un 90% para el 2050.
Muy interesante es el hecho de que se pretenda incorporar la perspectiva climática de forma transversal en la actividad legislativa y de planificación. Es decir, toda nueva ley o política pública (leyes, reglamentos, presupuestos generales, instrumentos de planificación territorial, etc.) deberá evaluar si su aplicación supone aumentar o reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y si es apropiada ante nuevas vulnerabilidades derivadas del cambio climático.
Algunas de las medidas específicas más relevantes de esta ley que se han anunciado públicamente son:
- Transformación progresiva de las flotas de vehículos de alquiler (muy numerosos en la cada vez más larga temporada turística en Baleares) desde 2020, cuando un 2% de los vehículos deberán ser eléctricos, hasta 2035, cuando el 100% deberán ser eléctricos. La medida irá acompañada de importantes inversiones en infraestructura de puntos de recarga eléctrica.
- Prohibición de entrada a las islas de vehículos “fósiles”. En 2025 se restringirá la entrada de vehículos diésel y en 2035 la de los de gasolina, de manera que en 2050 el parque móvil esté totalmente descarbonizado.
- En alumbrado público, para 2025 todo el alumbrado público deberá adaptarse a la tecnología de máxima eficiencia (LED).
- Para aprovechar los espacios urbanos, los aparcamientos y nuevas edificaciones de más de 1.000 m2 deberán incorporar placas solares. Además se fomentará el autoconsumo compartido y el balance neto para la facturación de la venta de excedentes en este tipo de instalaciones.
Todo por hacer en generación con renovables
Otro de los apartados más importantes se refiere a la generación de electricidad. En las Islas Baleares está predominantemente basada en centrales térmicas de combustibles fósiles (carbón, fueloil, gasóleo y gas). A finales de 2017, en toda la comunidad autónoma sólo había 4 MW instalados de energía eólica y 78 MW de solar fotovoltaica, según datos de Red Eléctrica de España.
En las Islas Baleares ésta está predominantemente basada en centrales térmicas de combustibles fósiles (carbón, fueloil, gasóleo y gas).
En Mallorca la principal instalación termoeléctrica es la central de carbón de Es Murterar, en la bahía Alcudia (Mallorca), con 585 MW (4 grupos de vapor que consumen hulla, que suman 510 MW, y 2 unidades de reserva basadas en turbinas de gas, con un total de 75 MW, que queman gasoil como combustible). El Gobierno balear desea el cierre de los grupos 1 y 2 de carbón en 2020 y de los grupos 3 y 4 en 2025, pero el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital (MINETAD) se opone rotundamente a ello. Para las centrales de ciclo combinado con gas natural de Cas Tresorer y Son Reus, el Gobierno balear prevé incrementar su uso de forma transitoria mientras se incorporan las energías renovables.
En Menorca, se prevé la conversión de la central térmica de Mahón, que actualmente quema fuel y gasoil, a gas natural, transformación que es urgente pero que también el Gobierno central está dificultando. Igualmente, en Ibiza se pretende la eliminación del uso de fuel y gasóleo en su central térmica para que ésta funcione solo con gas natural. En Formentera también se genera electricidad con una turbina de gas a base de gasóleo.
Este borrador de anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética saldrá en breve a exposición pública para la formulación de alegaciones, como paso previo a su tramitación parlamentaria. El objetivo del Govern balear es que la nueva ley sea aprobada en el Parlamento en el primer trimestre del año 2019. Eso significa que el margen temporal, en el marco de la actual legislatura, para su tramitación y aprobación es muy estrecho, pues el Parlamento será disuelto a principios de mayo de 2019 de cara a la celebración de las elecciones autonómicas del 9 de junio de ese año.
Como se pudo comprobar por las reacciones publicadas en prensa tras la presentación del borrador del anteproyecto, ésta va a generar importantes resistencias en ciertos sectores económicos. También se vislumbra, por los precedentes previos con leyes similares de otras CC.AA. (p.ej. la ley de Cambio Climático de Cataluña), que una vez sea aprobada en el Parlamento balear, es probable que el Gobierno central pudiera plantear un recurso contra esta Ley en el Tribunal Constitucional. De hecho, de llegar a aprobarse esta ley balear en la presente legislatura, es seguro que se adelantaría a la que en teoría está preparando actualmente el Gobierno central sobre la misma materia, lo cual propiciará la existencia de potenciales conflictos competenciales entre ambos poderes (además de los que ya hemos citado con respecto a los cierres de las centrales termoeléctricas).
Una vez sea aprobada en el Parlamento balear, es probable que el Gobierno central pudiera plantear un recurso contra esta Ley en el Tribunal Constitucional.
Dada la gravedad del desafío del cambio climático es necesario avanzar de forma urgente y decidida en la transición energética hacia un modelo descarbonizado y 100% renovable. Ese es uno de los objetivos que persigue la Alianza Mar Blava. Pero, para lograrlo, entendemos que resulta necesario que las acciones normativas que se pretendan poner en marcha al respecto cuenten previamente con un amplísimo consenso social, empresarial y político de modo que puedan aplicarse de forma eficaz en el corto, medio y largo plazo.
Ese sería el caso de esta Ley de Cambio Climático y Transición Energética que, si se lograse aprobar en esta misma legislatura, tendrá que ser desarrollada y aplicada sin contratiempos ni sobresaltos, no sólo en la próxima legislatura sino en un marco temporal mínimo de dos décadas. Esto significa que esta ley, para ser de utilidad, debería lograr ser avalada por la inmensa mayoría de la sociedad civil, el sector privado y las Administraciones públicas de las islas Baleares y que, por tanto, pudiera ser considerada como una ley de Baleares y no la ley de un determinado Govern. Estamos, pues, en un momento crucial, que no debemos desaprovechar, si nos tomamos realmente en serio el problema del cambio climático.
